Derechos de propiedad intelectual e industrial
La propiedad intelectual hace referencia a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas pero también símbolos, nombres, imágenes dibujos y modelos utilizados en el comercio. Los conflictos que surgen en la defensa de la protección de estos derechos se han multiplicado con la irrupción de las nuevas tecnologías y, sobre todo, de internet en el panorama internacional.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial (invenciones, patentes, marcas, dibujos industriales e indicaciones geográficas de procedencia) y el derecho de autor (obras literarias y artísticas). Ambas constituyen un elemento fundamental en la organización del mercado, especialmente en un momento como el actual, en el que predomina la economía del conocimiento. Las empresas deben tomar conciencia del valor de su patrimonio intangible y utilizar todas las herramientas legales para su protección.
Es esencial, para conseguir que nuestra economía sea competitiva y productiva, que invenciones y tecnologías (sobre todo las desarrolladas en el ámbito universitario) lleguen a la sociedad mediante su explotación industrial, para lo que deben ser protegidas mediante patentes (derecho de exclusividad comercial de fabricación, uso, distribución y venta). Esta se concede en las pertinentes oficinas nacionales o supranacionales y protege a su titular durante un periodo determinado (unos 20 años) para que nadie pueda hacer uso de sus derechos sin su consentimiento.
En el caso de los derechos de autor, son inherentes al creador y nacen por la simple creación de la obra, aunque para su mejor protección es aconsejable la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Solo hay unas excepciones en las que es legal la reproducción de una parte o el todo de una creación: en un proceso judicial o administrativo, para uso privado del copista y para uso privado de un invidente.
Se aconseja el recurso al arbitraje como medio de solución en conflictos derivados de una actividad contractual ilícita de estos derechos, sobre todo ante la vulnerabilidad en internet, aunque todas las administraciones nacionales e internacionales han desarrollado legislaciones reguladoras en esta materia.
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