El recurso de casación en España: una mirada al recurso de casación civil y contencioso-administrativo

Introducción:

El sistema legal español contempla diversos mecanismos para garantizar la correcta aplicación de la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos. Uno de estos mecanismos es el recurso de casación, una herramienta jurídica fundamental que permite a las partes impugnar las decisiones de última instancia ante el Tribunal Supremo. En el presente artículo, analizaremos qué es el recurso de casación en España, centrándonos en las diferencias entre el recurso de casación civil y el contencioso-administrativo.

I. Recurso de Casación Civil:

El recurso de casación civil es un medio de impugnación que permite revisar y controlar la correcta interpretación y aplicación del Derecho por parte de los tribunales de instancia en asuntos civiles. Su finalidad principal es la unificación de criterios jurídicos y la protección de la seguridad jurídica.

Requisitos de admisibilidad:

Para que un recurso de casación civil sea admisible, deben cumplirse ciertos requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre ellos:

• Cuantía económica: El valor del litigio debe superar una determinada cantidad, que varía según la materia y la jurisdicción.
• Cuestión jurídica trascendente: Debe existir una cuestión jurídica de importancia que afecte al ordenamiento jurídico y que requiera una interpretación uniforme.
• Motivos de casación: El recurso debe basarse en alguna de las causas tasadas establecidas en la ley, como la infracción de normas jurídicas, la vulneración de derechos fundamentales o la aplicación de jurisprudencia contradictoria.

Competencia:

El recurso de casación civil se interpone ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial en materia civil. Esta Sala tiene como función revisar las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y, en algunos casos, por los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.

II. Recurso de Casación Contencioso-Administrativo:

El recurso de casación contencioso-administrativo es un medio de impugnación utilizado para revisar y controlar la legalidad de las decisiones de última instancia en asuntos contencioso-administrativos. Su finalidad es garantizar la correcta aplicación del Derecho Administrativo y proteger los derechos e intereses de los ciudadanos frente a la Administración Pública.

Requisitos de admisibilidad:

La Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece los requisitos para la admisión del recurso de casación contencioso-administrativo. Algunos de estos requisitos son:

• Cuantía económica o relevancia jurídica: La cuantía económica del asunto o su relevancia jurídica deben superar un determinado umbral establecido en la ley.
• Interés casacional: Debe existir un interés casacional que justifique la necesidad de unificar criterios jurídicos o resolver cuestiones de importancia en el ámbito del Derecho Administrativo.
• Motivos de casación: El recurso debe basarse en alguna de las causas tasadas establecidas en la ley, como la infracción de normas jurídicas, la vulneración de derechos fundamentales o la aplicación de jurisprudencia contradictoria.

Competencia:

El recurso de casación contencioso-administrativo se interpone ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial en materia contencioso-administrativa. Esta Sala tiene la función de revisar las sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y por la Audiencia Nacional en esta materia.

Conclusión:

El recurso de casación en España es una figura esencial para garantizar la correcta aplicación del Derecho y la protección de los derechos de los ciudadanos. Tanto el recurso de casación civil como el contencioso-administrativo permiten impugnar las decisiones de última instancia ante el Tribunal Supremo, aunque presentan diferencias en cuanto a los requisitos de admisibilidad y la competencia. Estos recursos desempeñan un papel fundamental en la unificación de criterios jurídicos y en la protección de la seguridad jurídica en sus respectivas áreas del Derecho.