JGC Abogados somos un despacho que aglutina un conjunto de profesionales que vienen interviniendo desde el año 1986 en el mundo del derecho. Nuestro bufete está situado en El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz.
En JGC Abogados somos especialistas en:
Derecho Civil: contratos de todo tipo, reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico, arrendamientos (confección de contratos, resoluciones, desahucios por impagos de rentas, actualización de rentas), procesos civiles en general, reclamación de impagados, recursos, jurisdicción voluntaria.
Derecho Matrimonial: capitulaciones matrimoniales, liquidación de la sociedad de gananciales, constitución y liquidación de cualquier régimen económico matrimonial, separaciones y divorcios, nulidades matrimoniales, parejas de hecho.
Derecho de Familia: incapacitaciones, tutelas, curatelas, adopciones, reclamaciones de pensiones alimenticias, prórrogas de la patria potestad, enajenación de bienes de menores.
Derecho Sucesorio: testamentos, declaraciones de herederos, cuadernos particionales, declaraciones de bienes, reclamaciones sucesorias, liquidaciones de impuestos de sucesiones.
Derecho Registral e Inmobiliario: declaraciones de obra nueva, constitución de propiedades horizontales, preparación de estatutos, divisiones, segregaciones, excesos de cabida, inmatriculaciones, expedientes hipotecarios de dominio, de reanudación de tracto, de liberación de cargas y gravámenes, recursos gubernativos contra calificación registral.
Derecho Penal: gestión judicial de accidentes de tráfico, juicios derivados de alcoholemias, defensa lex artis, asistencia letrada a detenidos.
Derecho Mercantil: constitución de sociedades, gestión continuada e integral de sociedades, modificación de estatutos, actas de junta y consejo, impugnación de acuerdos sociales, solicitud de auditorías, asesoría de órganos societarios, depósito de cuentas, memorias, informes de gestión, derecho concursal, actuaciones ante los registros mercantiles y de bienes inmuebles, derecho marítimo.
Derecho Administrativo: reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por funcionamiento anormal de los servicios públicos, reclamaciones ante ayuntamientos, recursos en materia de expropiación forzosa, actuaciones en relación con el planeamiento urbanístico y suelo, juntas de compensación, gestión y recursos de multas de tráfico.
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