Honestidad y justicia, una reflexión de Frederic Lloveras

Muchas voces se quejan, con estridencia y razones crecientes, del mal funcionamiento de la justicia en nuestro país. Entre la politización real y la imaginaria, entre la ineficacia percibida y la comprobada, pocos están contentos con nuestro sistema judicial.

No es que tengamos malos jueces, que buenos haylos y muchos. Si algún defecto podemos encontrar a nivel del personal es un método de selección y formación arcaico y desfasado. ¿Para qué se exige a un juez que sepa de carretilla todas las leyes del país si basta con teclear en un ordenador para disponer del texto de la norma y la jurisprudencia aplicable?

¿Por qué no se forman jueces especializados desde el primer momento si luego los juzgados sí son especializados? No tiene ningún sentido que un juez pase unos años en la jurisdicción penal o la social y luego pase a la mercantil o a la administrativa. Ninguna persona puede conocer a fondo todas las especialidades del derecho, y cada día menos.

El funcionamiento de la justicia en nuestro país necesita una revisión a fondo. Desde las leyes procesales, arcaicas y caducas todas ellas sin excepción, hasta el sistema de valoración e incentivos del trabajo de los jueces, que prima la cantidad y no la calidad de su trabajo. En nuestro sistema no se incentiva a los jueces por dictar buenas sentencias sino por despachar el máximo número de expedientes por unidad de tiempo. Si se han resuelto bien o mal, no importa. El caso es sacar papeles de los juzgados. El mejor juez no es el que dicta mejores sentencias sino el que archiva mas expedientes.

No basta con dotar a la justicia de modernos ordenadores si los métodos de trabajo son los de hace cien años. Las tecnologías no tienen sentido si no se cambia el esquema de trabajo.

En cuanto a las leyes procesales, Jueces y Abogados pasamos más tiempo discutiendo y resolviendo incidentes procesales que en debatir el fondo de los asuntos. Las leyes permiten demasiados incidentes procesales que dilatan innecesariamente el procedimiento y distraen la atención de la argumentación esencial del caso.

En algo tan delicado como la justicia, la calidad es lo primero. Y si faltan medios hay que ponerlos. Disimular la falta de medios reduciendo la calidad del servicio no es aceptable. Tampoco es aceptable que los pleitos duren años, incluso los de pequeña trascendencia.

La prensa habla de justicia exprés cada vez que se produce una modificación de las leyes procesales. ¡Qué ingenuos! Se habla de justicia exprés para definir procedimientos que duran meses cuando deberían durar semanas. No se agilizan los pleitos reduciendo los plazos. Reducir quince, veinte o treinta días en la tramitación de un procedimiento que dura años no tiene ningún sentido.

La obsesión de nuestro sistema judicial son las garantías procesales. ¿Para quién? Las garantías que alargan el procedimiento solo favorecen a una parte en detrimento de la otra. Y siempre a la misma: favorecen al deudor en detrimento del acreedor. ¿Es esto justicia?

Lo diré más cruelmente: ¿a quién favorece esta justicia? El que debe algo sabe que pleiteando va a ganar años. Quizá, incluso, cuando llegue la sentencia final el acreedor ya se habrá olvidado del tema o habrá fallecido, física o jurídicamente. No es infrecuente que al final, quienes cobran o pagan son los herederos de una u otra parte. El muerto para los que sobrevivan.

Un país no puede funcionar correctamente con una justicia ineficaz. Es la primera premisa para la Seguridad jurídica, para la seguridad de las transacciones. No hay Seguridad jurídica sin un sistema judicial eficaz.

Si comparamos la eficacia de la justicia con la seguridad de las transacciones en el mundo real, hemos de concluir que el comportamiento de los ciudadanos en nuestro país es honesto más por convencimiento que por miedo. Dicho de otro modo: nuestra Sociedad es notablemente honesta a pesar del sistema judicial.