Los divorcios gratuitos y su letra pequeña

Los procesos de divorcio en España no son gratuitos. De hecho, los únicos procedimientos por los que no hay que pagar son los que se realizan a través del sistema de justicia gratuita que garantiza el acceso a la misma de las personas sin recursos.

Sin embargo, se pueden encontrar en Internet diversas páginas de bufetes de abogados que garantizan la gratuidad en la gestión de las demandas de divorcio con llamadas del tipo "tramitamos gratis tu separación" o "divorcio gratuito". Desde diferentes Colegios de Abogados han alertado de la importancia de leer la letra pequeña en estas promociones porque, normalmente, lo que suele ser gratuito es la llamada para contactar con ellos o, incluso, una primera consulta.

A partir de ahí, los costes son realmente inevitables dados los requerimientos del procedimiento legal. Sólo por contratar un abogado, las cifras pueden alcanzar hasta los 200 euros por cada uno de los cónyuges, para poder cubrir los gastos, por ejemplo, de la interposición de la demanda o el asesoramiento jurídico durante el proceso.

Igualmente, hay que saber que el precio puede ser más elevado en caso, por ejemplo, de que la pareja que inicia los trámites tenga hijos menores o que se casaran con un régimen de bienes gananciales. Si, además, se trata de un caso de divorcio contencioso –es decir, sin mutuo acuerdo- el importe sigue aumentando porque es muy probable que no compartan ni el abogado ni el procurador.

Aunque sí que es cierto que las personas sin recursos –y sólo las que lo acrediten correctamente- pueden acceder a la justicia gratuita tanto para solicitar un divorcio como para cualquier otro litigio, tal y como se especifica en el artículo 119 de la Constitución.

Por otra parte, el artículo 1.318 del Código Civil contempla que todas aquellas personas que superen los ingresos para acceder a la justicia gratuita pero porque posean bienes en común con el otro cónyuge, los gastos correrán a cargo del "caudal común" y, en caso de que no sea suficiente "se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge, si la posición económica de este impide al primero, por imperativo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la obtención del beneficio de justicia gratuita."