¿Cuáles son las consecuencias de no pagar la manutención a un hijo?

En tiempos económicamente difíciles son muchos los progenitores que están pasando por el apuro de no poder pasar la manutención a sus hijos, aunque también los hay que aún pudiendo igualmente no lo hacen, pero ¿cuáles son las consecuencias de no pagar la manutención de un hijo?

Como en muchas otras ocasiones, una acción puede tener consecuencias penales o civiles, dependiendo de las circunstancias en las que se produzca la acción, en este caso el impago de la pensión de alimentos, por lo que evidentemente no debemos obviar que no es lo mismo no pagar por no poder que por no querer. Dicho esto, para que se den las consecuencias civiles sólo es necesario que no se cumpla con el pago fijado en la sentencia, sin embargo, para que puedan darse las consecuencias penales no basta con el impago, sino que además debe de ser un impago voluntario y reiterado, pudiendo el progenitor pagar la pensión pero no queriendo hacerlo.

Consecuencias civiles

Empezaremos hablando de las consecuencias civiles, que como ya hemos visto se derivan por el mero hecho de no pagar la pensión, sin pasar a analizar si se puede o no hacer frente a la misma, pues en este caso para el juez será indiferente que el impago sea o no voluntario. En el caso de que el impago no sea voluntario, antes de proceder al impago es preferible llegar a un acuerdo con el otro cónyuge para aplazar el pago de la pensión o incluso acudir al Juzgado que fijó la misma para solicitar que se baje la cuantía al haber cambiado las circunstancias económicas del progenitor, si no se trata de un problema económico transitorio o pasajero. Siempre y cuando podamos demostrar que las condiciones económicas de uno o de los dos progenitores han cambiado, es posible cambiar la cuantía de la pensión que se fijó en la sentencia de divorcio o de medidas paternofiliales. Esto es igualmente aplicable a los casos en los que las circunstancias económicas han cambiado a mejor, pues igual que el progenitor que debe pagar la pensión puede pedir que la misma se rebaje cuando sus circunstancias económicas han empeorado, también puede el progenitor que la recibe solicitar que se suba si las circunstancias económicas del otro han mejorado.

Por tanto, dada la facilidad de modificación de la cuantía de la pensión, en caso de impago de la misma el juez siempre condenará al pago de las cantidades adeudadas a través de embargo de los bienes, cuentas bancarias y/o nóminas o cualquier otro ingreso que tenga el deudor. Nunca se atenderá a motivos diferentes de la demostración de que se ha abonado la deuda en su integridad.

Consecuencias penales

En cuanto a las consecuencias penales se refiere, el artículo 227 del Código Penal establece que "el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.(…)La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas". Eso sí, como hemos adelantado el impago debe de ser libre y consciente a pesar de tener los medios económicos para hacer frente al pago. Esto es así porque el delito de abandono de familia es un delito "doloso" o lo que es lo mismo, es un delito que requiere la voluntad de cometerlo, de lo contrario se estaría condenando a una pena privativa de libertad a alguien que no tiene medios económicos para cumplir con sus obligaciones, y además se le estaría imposibilitando el poder conseguirlos y terminaría por convertirse en un círculo vicioso del que el progenitor tendría muy difícil la salida.

En resumen, lo que este artículo quiere decir es que si el progenitor obligado al pago de la pensión de alimentos dispone de los medios para hacerlo pero no lo hace por voluntad propia, las consecuencias serán que tendrá que pagar las cantidades que deba, y además, dependiendo de la cantidad de mensualidades que haya dejado de pagar el juez le impondrá una pena de prisión de entre tres meses y un año, o una multa económica adicional a la cantidad que debe. Hemos de aclarar que la multa económica va a las arcas del Estado, no para el denunciante.

En cualquier caso, se trata de un delito que sólo es perseguible mediante denuncia del perjudicado, esto es, el progenitor que debe recibir la pensión o el propio hijo si es mayor de edad, por lo que aún siendo el impago voluntario podría darse el caso de que únicamente se produzcan consecuencias civiles porque el perjudicado reclame en la vía civil y no interponga una denuncia.

En conclusión, se pueden distinguir dos casos:

• Impago voluntario: "no paga porque no quiere, pero sí puede". Las consecuencias pueden ser civiles o penales, según haya denuncia del perjudicado o no la haya. Si sólo hay reclamación por la vía civil las consecuencias se reducirán al embargo de bienes, cuentas bancarias y/o ingresos hasta cubrir la cantidad adeudada. Si hay denuncia, las consecuencias serán como en el caso anterior el embargo hasta cubrir la deuda y además, pena de prisión de tres meses a un año o una multa económica, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
• Impago involuntario: "no paga porque no puede, pero sí quiere". Las consecuencias serán únicamente civiles, el embargo hasta cubrir la deuda, pues aunque se produzca la denuncia penal si el denunciado demuestra no tener bienes ni ingresos con los que afrontar el pago se le absolverá del delito. En caso de que se haya producido un empeoramiento de las condiciones económicas, que no sea pasajero o temporal, es altamente recomendable acudir al Juzgado que fijó la pensión para que se revise su cuantía.