El nuevo precio de la justicia
La nueva ley de tasas que ya ha sido aprobada por el Gobierno aumenta notablemente los costes que los demandantes tendrán que abonar en todas las jurisdicciones, tanto la civil como la social y la contencioso-administrativa, lo que supone que el ciudadano asumirá tasas que, hasta ahora, sólo abonaban determinadas empresas. Sólo quedarán exentas las familias sin recursos y las víctimas de la violencia machista.
La gratuidad de la justicia en España va a quedar limitada a casos muy concretos. Las nuevas tasas, anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón –y ya publicadas en el BOE-, suponen que recurrir sentencias o interponer demandas tanto en lo civil como en lo social y lo contencioso administrativo le costarán al ciudadano entre 300 y 1.200 euros. Cifras que, además, aumentarán en función de la cantidad por la que se acuda a los tribunales.
Así, la tasa por un recurso ordinario en la jurisdicción civil se establece en 300 euros y en la jurisdicción contencioso administrativo 350 euros, mientras que en un recurso de apelación la cifra asciende a 800 euros y hasta a 1.200 si se llega al Tribunal Supremo. En lo social, la primera instancia será gratuita, la tasa en la apelación ascenderá a 500 euros y el recurso de casación alcanzará los 750 euros.
En la práctica, por ejemplo, recurrir una multa de hasta 100 euros tendrá un coste de 200 euros en tasas –el doble de la cuantía de la multa, que sólo se devolverán si el juez otorga la razón al demandante- o a un divorcio sin liquidación de sociedad de gananciales se le pueden aplicar unas tasas de 1.280 euros que, en el caso de que haya bienes en común, subirán notablemente con la valoración de los mismos –se les aplicará un pago de un 0,5% del valor a modo de impuesto-.
O la víctima de un accidente de coche que se quede tetrapléjica y reclame indemnizaciones por un valor total de algo más de 1.000.000 de euros, podría tener que abonar hasta 20.000 euros si tuviera que llegar hasta el Tribunal Supremo, sin que este hecho le garantizara salir ganador del litigio.
El objetivo de estas medidas es, tal y como se especifica en el texto aprobado por el Ejecutivo, evitar abusos en la Administración al "racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional". Sin embargo, la nueva ley ha suscitado todo tipo de quejas y protestas por parte de diferentes sectores, incluido el de los jueces, fiscales y abogados que insisten en que se creará "una justicia para ricos y otra para pobres".
No obstante, quedarán exentos del pago quienes acrediten correspondientemente la insuficiencia de recursos económicos para litigar, es decir, familias que ingresen 15.975 euros brutos al año o menos, así como las víctimas de violencia de género.
Esta última exención ha sido una de las más debatidas ya que, aunque en un principio no se contemplaba, la presión ejercida por diferentes asociaciones -incluido el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- y por los partidos de la oposición ha obtenido los resultados esperados. Así, se intenta evitar que muchas víctimas de este tipo de violencia no se echen atrás a la hora de denunciar a sus parejas por no poder costear los gastos de un juicio.
Foto: L.A. Detectius Privats
