Los pleitos judiciales contra las administraciones se reducen hasta en un 60%
La elevada cuantía de las nuevas tasas judiciales está provocando que los particulares se retraigan a la hora de iniciar acciones legales. Según un estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), los pleitos contra las administraciones se han reducido hasta en un 60% en algunas comunidades.
Desde que entraron en vigor las nuevas tasas judiciales, los pleitos que los particulares iniciaban contra las administraciones se han reducido más de un 60% en algunas comunidades autónomas, según se indica en un estudio llevado a cabo por Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que ha tomado como base los datos recogidos en los 83 colegios de abogados oficiales.
Al parecer, la principal razón de este descenso es que los ciudadanos no pueden hacer frente a los importes exigidos por la nueva ley. Una circunstancia que supone, tal y como comenta el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, “una vulneración del derecho fundamental del acceso a la justicia”, refiriéndose a algunos de los casos concretos que se recogen en el informe.
De hecho, hay acciones judiciales que un particular puede verse obligado a llevar hasta el Alto Tribunal –como pueden ser multas de ayuntamientos o casos de expropiaciones, que implícitamente ponen de manifiesto una ausencia de recursos del ciudadano- y que pueden llegar a costarle hasta 3.000 ó 4.000 euros.
Desde el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ratifican estas cifras con otro estudio que revela que, en esta provincia, cerca del 70% de los clientes que han acudido a abogados con la intención de litigar por vía penal finalmente han renunciado a ello por la cuantía de las tasas.
Así, tanto desde el ICAB como desde el CGAE avisan que, de seguir así, se corre el riesgo de “criminalizar” los procedimientos dado que los ciudadanos pueden llegar a interponer querellas criminales teniendo en cuenta que en la jurisdicción penal no existan estas tasas.
Por ello, incluso los letrados que no se muestran abiertamente contrarios al conocido popularmente como “tasazo”, consideran que, en determinados casos, éstas pueden alcanzar cuantías excesivas, pese a la reducción que se aprobó el pasado mes de febrero tras las numerosas protestas de diferentes colectivos –y que, realmente, sólo se aplica a la parte variable de la tasa pero no a la fija-.
De ahí que algunas de las alternativas que se proponen pasen por establecer tasas que varíen en función de determinados conceptos, especialmente en el caso de los particulares, principales afectados por la parte fija de las tasas.
