Aumenta la demanda de asistencia jurídica gratuita

Como ya es sabido, la crisis económica internacional afecta los bolsillos de los más necesitados. Aquellas personas que no disponen de los recursos suficientes para poder contar con un abogado de forma particular, pueden recurrir a la Administración para que se les conceda los servicios de uno, para resolver la problemática judicial que aquellas deban afrontar.

El incremento de solicitudes de asesoramiento judicial gratuito ha alcanzado cifras que se acercan a los 1482 expedientes, contando así con un promedio de seis pedidos por día. Durante el año pasado se realizaron 2126 trámites, mientras que el Colegio de Abogados cree que a final de año esa cifra será superada por lo menos entre un 20% y un 25%, aunque el valor del incremento puede ser más elevado todavía.

En relación a los conflictos más solicitados, nos encontramos con problemas de desahucios por impago y también distintas formas de reclamaciones a morosos, lo que también es una clara consecuencia de la crisis económica que afecta a millones de personas en España y otros países.

Pero este tipo de servicio parece que va a dejar de existir, o al menos esta es la idea que se está barajando desde la administración. Muchos de los trámites realizados por los abogados de oficio no se han pagado. Se estima que el valor es de 250 euros por cada conflicto, pero hay retrasos desde hace varios meses. Inclusive la comunidad de Madrid se ha propuesto privatizar los servicios para dejar de realizar trabajos de este tipo.

Recordemos que la Asistencia Jurídica Gratuita es el sistema que rige en la actualidad en España, y el que se encarga de asegurar que la justicia pueda ser gratuita para todas las personas que no puedan acceder a un abogado de pago, siempre y cuando acrediten que no disponen de los medios económicos para hacerlo, tal como lo establece el artículo 119 de la Constitución Española.

Una vez concedido este beneficio, los usuarios tendrán la garantía de contar con un abogado y un procurador de ser necesario, al mismo tiempo que se les cubrirán todos los gastos involucrados en relación a honorarios de los profesionales que trabajen durante el desarrollo judicial del conflicto en cuestión como así también de los gastos adicionales que puedan presentarse durante el mismo. Además, se ofrecen servicios de orientación jurídica en los colegios de abogados lo que permite a los usuarios acceder a este derecho si es que no disponen de las herramientas para solicitarlo por sus propios medios.

Foto: Sabadell Advocats