El anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales descontenta a los abogados
No estarían obligados a colegiarse, se reduciría el número de Colegios profesionales, se suprimiría el examen de acceso a la abogacía y se eliminaría la incompatibilidad entre las labores del procurador y las del abogado. Estas son sólo algunas de las propuestas que constan en el borrador de la nueva Ley de Servicios Profesionales y que han puesto en pie de guerra a un gran número de abogados.
Se trata sólo de un anteproyecto de Ley elaborado por el Ministerio de Economía, pero ya ha levantado ampollas entre el colectivo de los abogados, que se han manifestado contrarios a los puntos más conflictivos del borrador de la nueva Ley de Servicios Profesionales.
De hecho, desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) –que representa a más de 125.000 letrados colegiados- han expresado su deseo de que dicha ley no salga adelante “porque tiene más aspectos negativos que positivos”.
Desde el Ministerio insisten en que se trata de una reforma imprescindible para poder mejorar la competitividad de un sector –el de los servicios profesionales en general- que abarca en torno al 30% del empleo procedente de las carreras universitarias.
Sin embargo, los abogados –uno de los colectivos más afectados- lo consideran prácticamente un ataque hacia un gremio que ya se está viendo afectado por la polémica subida de las tasas y por diversas protestas de jueces y secretarios judiciales.
La primera medida que observan con preocupación es el hecho de que, al contrario de cómo se recoge en el Estatuto General de la Abogacía, con dicha modificación parece que se contempla que sólo estén obligados a colegiarse los letrados que actúen ante los tribunales, y no todos en general. Desde su punto de vista, este hecho agrava la situación del colectivo y limita las garantías que se ofrecen desde los Colegios Profesionales.
De hecho, el anteproyecto también afecta de forma directa a los Colegios oficiales puesto que contempla la reducción de los 83 que existen actualmente a tan sólo 17 –serían colegios autonómicos- o, como mucho, 52 –es decir, uno por provincia-.
Por otra parte, se contemplan cambios que afectarían directamente a abogados y procuradores. Por ejemplo, el borrador deja entrever una supresión de la incompatibilidad que se establece actualmente entre el ejercicio simultáneo como procurador y abogado, pero todo apunta a que no será posible.
Incluso, el Ministerio de Justicia busca reforzar el papel del procurador como auxiliar de la Administración amparado por la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que la incompatibilidad seguirá estando presente.
Igualmente, de salir finalmente adelante el borrador, se prevé la incompatibilidad de ser titular de órganos directivos de partidos políticos, sindicatos, Administraciones Públicas o empresas con ejercer algún tipo de cargo directivo en algún Colegio Profesional. Es decir, los decanos de los Colegios no podrían ser directores de sus propios bufetes, sean del tipo que sean, aunque parece que sí se contempla ser socio del mismo.
Por último, otra de las medidas más conflictivas alude a la posible supresión del examen de acceso a la abogacía tras realizar el máster –una prueba que se aceptó tras una complicada tramitación y aprobación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre-. Desde diversos Colegios consideran que se trata de una medida “completamente incongruente” que, además, genera “inquietud y preocupación” entre el colectivo porque supondría la reforma de una ley que fue el resultado final de un “duro consenso”.
Foto: Mollar Piquer Abogados
